Salta, La Pampa y Santa Fe denuncian que los caminos federales son “trampas mortales”. Cráteres, obras frenadas y el rechazo total a que las provincias paguen los platos rotos.

La red vial nacional atraviesa su peor momento y las provincias estallaron. En Salta, el director de Vialidad provincial, Gonzalo Macedo, fue lapidario al describir el tramo de la Ruta Nacional 9/34 entre Yatasto y Metán: “Ya no se puede circular, hay ondulaciones muy peligrosas”. Según denunció, la obra de la autopista está prácticamente paralizada porque Nación no paga los certificados desde octubre, dejando a los usuarios a merced de un asfalto destruido mientras les siguen cobrando peaje.

Santa Fe: “No son pozos, son cráteres”

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, endureció su discurso tras conocerse cifras escalofriantes: en lo que va de 2026, ya hubo 34 muertes en rutas nacionales de esa provincia. Un informe técnico reveló que el 53% de los 2.700 km de rutas federales en Santa Fe está en estado “malo”. “Ya no hablamos de pozos, sino de cráteres”, graficó Pullaro, quien recordó que la Nación sigue recaudando el impuesto a los combustibles pero no devuelve un solo peso en bacheo o señalización.

La Pampa: 74 intendentes en pie de guerra

En La Pampa, la crisis unificó a oficialistas y opositores. Un grupo de 74 intendentes firmó un documento conjunto exigiendo la reactivación urgente de las rutas 5, 35, 143, 151, 152, 154 y 188. El texto advierte que el recorte en el Presupuesto 2026 para mantenimiento vial es “drástico” y que el abandono impacta directamente en los traslados sanitarios urgentes y el transporte de la producción regional.

El rechazo al “regalo” de Milei por DNU

Tanto los gobernadores como el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechazaron el DNU 253/2026, con el que el Gobierno de Javier Milei pretende “provincializar” tramos de rutas nacionales. Para las provincias, esto es una trampa: les transfieren el problema de los baches sin enviar los fondos necesarios, obligándolas a poner peajes que los usuarios ya pagan a través de los impuestos a las naftas. “Es ilegal, inconstitucional e inoportuno”, sentenciaron desde el CONADUV.