Los ediles derogaron la ordenanza que habilitó la polémica concesión de 2022. Ahora buscan un nuevo esquema estatal que formalice a los cuidacoches informales en medio del caos del microcentro.

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dio un paso definitivo para barajar y dar de nuevo en el conflicto por el ordenamiento vial de la capital. En una sesión clave, los ediles derogaron por unanimidad la Ordenanza N° 4.758 (sancionada en 2015), la cual había servido de base legal para el cuestionado sistema de estacionamiento pago de 2022 que la Corte Suprema de Justicia de la provincia terminó declarando nulo meses atrás. Con esta medida, se cierra formalmente la era del contrato privado que dejaba el 85% de las ganancias en manos de la empresa concesionaria y apenas el 15% para las arcas municipales.

La gran novedad del debate parlamentario radica en el giro social que el oficialismo y bloques aliados pretenden darle al nuevo esquema, bajo el concepto de “estacionamiento medido inclusivo”. La iniciativa, respaldada por concejales como Ernesto Nagle (Peronismo de la Capital) y Gastón Gómez (Libres del Sur), busca integrar formalmente a la economía popular a los cientos de cuidacoches y trabajadores informales que hoy explotan las calles céntricas. El objetivo planteado es “dignificar” la actividad, absorbiendo a los trabajadores dentro de un marco legal regulado por el Estado para evitar su exclusión en un contexto de profunda crisis económica.

Sin embargo, el proyecto también reabre la polémica por los abusos diarios que padecen los automovilistas en el casco histórico, descripto por el concejal Gustavo Cobos como “una búsqueda del tesoro” donde conviven carteles de prohibición con cuadras saturadas de autos. Desde la oposición, el radical Federico Romano Norri advirtió sobre la necesidad de un control estricto ante las denuncias de esquemas coercitivos en los que algunos “trapitos” llegan a exigir tarifas fijas de entre $3.000 y $10.000 bajo amenazas. La gestión de la intendenta Rossana Chahla evalúa ahora los plazos para diseñar una normativa de consenso que logre equilibrar el orden urbano, la aceptación de los vecinos y la contención social sin volver a empantanar el servicio.