María Alejandra Arrieta fue procesada tras comprobarse maniobras fraudulentas por más de $14 millones. Utilizaba su cargo, supuestos contactos políticos y falsas atribuciones en gremios para sacarle los ahorros a familias vulnerables.

La crisis habitacional en Tucumán sumó un capítulo de alto voltaje institucional que salpica de lleno a la Legislatura de Tucumán. La empleada legislativa María Alejandra Arrieta fue procesada por la Justicia tucumana tras ser acusada de encabezar una seguidilla de estafas reiteradas con la falsa adjudicación de viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Según la investigación conducida por el fiscal Diego López Ávila (a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I) y presentada en audiencia por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, la imputada utilizaba su pertenencia al cuerpo deliberativo y fingía falsas atribuciones como abogada y nexo gremial para apoderarse de más de $14 millones.

El “prontuario” delictivo imputado a Arrieta abarca al menos cuatro graves hechos registrados entre 2022 y agosto de este año:

  • Caso 1 (San Andrés): A fines de 2022, aduciendo tener influencias en el IPV y la Legislatura, le sacó $3,1 millones a una mujer por una casa que jamás se entregó.

  • Caso 2 (Manantial Sur): En noviembre de 2023, invocando pertenecer a la Legislatura y ser abogada de UPCN, cobró casi $2 millones por supuestos gastos de terreno y escribanía.

  • Caso 3 (Recuperación de viviendas): En abril pasado, cobró $4,1 millones bajo el pretexto de “desadjudicar y recuperar” una casa del IPV.

  • Caso 4 (El engaño en Uber): El pasado 10 de agosto, convenció a un chofer de aplicación para contactar a sus familiares. Presentándose como abogada de la CGT, cobró $5 millones de anticipo y $300.000 de inscripción por carpetas truchas en una YPF.

Pese a que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva en penal al considerar que la imputada continuó cometiendo estafas aun teniendo causas previas, el juez interviniente morigeró la cautelar y le concedió el arresto domiciliario con tobillera electrónica por un plazo de 45 días. La causa reabrió el debate sobre la desesperación de los tucumanos por acceder a un techo propio, mientras los operadores judiciales enfatizan la importancia de no realizar ningún tipo de pago informal, exigir trámites presenciales e institucionales directamente en las oficinas del IPV y denunciar de inmediato cualquier intermediación de supuestos gestores o empleados públicos.