“Este gobernador va a cumplir”, había jurado el tranqueño ante las cámaras tras la sentencia que le daba 60 días para normalizar el ente autárquico. Sin embargo, Fiscalía de Estado presentó un recurso de casación para frenar a la Justicia y amparar un esquema de poder excepcional convertido en norma.

Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero en la política tucumana las promesas suelen durar exactamente lo que tarda Fiscalía de Estado en redactar una apelación. Apenas 24 horas después de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenara al Poder Ejecutivo poner fin a la aberrante intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) —un régimen “transitorio” que acumula más de 26 años ininterrumpidos—, el gobernador Osvaldo Jaldo posó ante la prensa como un celoso defensor de la institucionalidad. “Soy muy respetuoso de la división de poderes, este gobernador va a cumplir el fallo a rajatabla”, juró el tranqueño a los cuatro vientos. Sin embargo, el doble discurso duró poco: el Gobierno provincial presentó un recurso extraordinario de casación para revertir el fallo y evitar, a toda costa, democratizar el organismo.

La jugada judicial firmada por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, y el equipo de abogados de la Provincia saca a la luz el verdadero objetivo de la Casa de Gobierno: no soltar la caja ni el control político de un ente que funciona como una suerte de feudo del Ejecutivo desde julio del año 2000. La ley 7.243 de creación del IPLA es taxativa y establece que las intervenciones no pueden durar más de 60 días corridos; sin embargo, las sucesivas gestiones peronistas estiraron la excepcionalidad durante más de dos décadas. Ahora, ante el amparo impulsado por los propietarios de salones de fiestas que dejó en evidencia la ilegalidad de la prórroga perpetua, el Gobierno acusa al Poder Judicial de “invadir facultades” y de ejercer una intromisión “arbitraria” en la administración pública.

El argumento oficial para atrincherarse en el IPLA raya el colmo de la ironía institucional. Desde la Provincia sostienen que los jueces no pueden fijarle un plazo de 60 días para conformar un Directorio transparente (que requiere el acuerdo de la Legislatura) y hasta cuestionaron que los comerciantes tengan “derecho” a exigir que el Estado cumpla la ley si no demuestran un daño personalizado. Mientras en los micrófonos el discurso oficial pregona el apego a la Constitución y la calidad institucional, en los pasillos de Tribunales los escritos estatales amenazan con llevar el caso hasta la mismísima Corte Suprema de la Nación con tal de mantener a Dante Loza como interventor digital a dedo. En la provincia del discurso republicano, acatar a la Justicia es una opción que vence cuando el fallo no gusta.